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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO PERÍODO LEGISLATIVO 2014–2018

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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO
PERÍODO LEGISLATIVO 2014–2018
Acta de la 311ª/365ª sesión
Miércoles 10 de enero de 2018, de 15:07 a 17:00 horas
Proyecto que modifica la ley de arrendamiento (boletín 8395)
Proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y
modifica normas legales que indica (boletín 11176)
ASISTENCIA
Osvaldo Andrade Lara, Guillermo Ceroni Fuentes, Fuad Chahin Valenzuela
(presidente), Juan Antonio Coloma Álamos, Hugo Gutiérrez Gálvez, Cristián
Monckeberg Bruner, Ricardo Rincón González, Leonardo Soto Ferrada (presidente
accidental), Arturo Squella Ovalle y Renzo Trisotti Martínez
La diputada Marisol Turres Figueroa fue reemplazada por el diputado Osvaldo Urrutia
Soto, y en parte de la sesión, el diputado Arturo Squella fue reemplazado por la
diputada Claudia Nogueira Fernández
Invitados: Luís Díaz, jefe de la División de Políticas Sociales del Ministerio de
Desarrollo Social, Carolina Díaz, asesora. Nicolás Makluf, abogado.
ACTAS
No hubo.
(Actas disponibles en http://www.camara.cl/trabajamos/comision_sesiones.aspx?prmID=401)
CUENTA
El Secretario informó que se recibieron los siguientes documentos:

  1. De S.E. la Presidenta de la República haciendo presente la urgencia simple para el
    despacho del proyecto que consagra el derecho a protección de los datos personales
    (boletín 9384-07).
  2. Moción de las diputadas Carvajal, Hernando, Carvajal y Provoste, y de los diputados
    Arriagada, Marcos Espinosa, Hugo Gutiérrez, Letelier, Melo, Robles y Torres, que
    modifica la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, en lo que respecta a la
    utilización de datos recogidos por aeronaves no tripuladas o drones (boletín 11563-07).
  3. Del Ministro de Desarrollo Social, excusándose de participar en la presente sesión,
    por razones de agendas, e informando que asistirá el jefe de la División de Políticas
    Sociales, Luis Díaz.
  4. De la Bancada Unión Demócrata Independiente, reemplazando durante la presente
    sesión al Diputado Arturo Squella por la diputada Claudia Nogueira, y a la diputada
    Marisol Turres por el diputado Osvaldo Urrutia.
    ACUERDOS
  5. Colocar en tabla de fácil despacho de la sesión del próximo 17, el boletín 9384.
  6. Aprobar en general el boletín 8395, y fijar como plazo para ingreso de indicaciones el
    martes 16 de enero de 2018, hasta las 12:00.
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    ORDEN DEL DIA
  7. Boletín 8395
    Antecedentes: No hay
    Asimismo: https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=8794&prmBoletin=8395-07
    Comparado: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=123212&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
    Salvador Makluf, abogado, junto con agradecer la invitación, señaló1 que las normas
    que regulan la ley de arrendamiento de predios urbanos están establecidas en un
    estatuto especial. En primer término la ley 18.101, de principios de los años ’80,
    modificada el año 2003, el 11 a abril, por ley 19.866. Posteriormente, si bien se han
    presentado seis proyectos de ley sobre esta materia, no ha habido ninguna normativa
    que actualice estas disposiciones.
    Sin perjuicio de lo anterior, en el mercado inmobiliario se ha democratizado el crédito lo
    que ha posibilitado que las personas puedan adquirir una primera vivienda, una
    segunda vivienda e, inclusive, una tercera vivienda en orden a fortalecer su patrimonio,
    como también a robustecer la capacidad de obtener una pensión mayor en el futuro, en
    base a esta democratización del crédito.
    Bajo esa perspectiva, datos duros de la Corte Suprema informan más de 15.000
    acciones de arrendamiento ingresadas cada año, y teniendo claridad que solamente
    uno de cada cuatro casos se judicializa, más de 60.000 familias en Chile se ven
    afectados por problemas en el arrendamiento de predios urbanos.
    La duración de los juicios en promedio, desde la presentación de la demanda hasta que
    se provoca el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública varía entre los seis a los
    ocho meses. Entonces, si se adquiere una vivienda a través de un crédito hipotecario,
    donde el propietario ha tributado por el pie que pagó, y posteriormente pretende
    pagarlo con las rentas de arrendamiento, va a perder ese pie producto de que la
    duración de estos juicios de arrendamiento no le permitirá seguir cumpliendo con dicho
    tipo de obligación.
    Por lo tanto, bajo esa perspectiva, era pertinente crear un procedimiento más eficaz y
    eficiente. La última modificación que se realizó el año 2003 tuvo por objetivo, según la
    historia fidedigna de establecimiento de la ley, que estos juicios durasen una semana.
    Esa era la intención del legislador, pero esa intención no se ha cumplido y hoy día la
    intención era concentrar aún más este tipo de procedimiento.
    Como segunda cuestión, una justicia que tarda no es justicia, la tardanza en la
    administración de justicia se podía asimilar a la negación de justicia. Señaló esto
    porque la intención hoy día de modificar los procedimientos, de la reforma penal en su
    momento, después la reforma laboral, y hoy día la reforma civil, la idea era concentrar
    las actuaciones procesales para un mejor resguardo de los derechos, y en este caso,
    de las personas que accionan para la protección de sus derechos.
    A más de crear un procedimiento y fortalecerlo, el legislador debía tener la claridad de
    que el mes de garantía hoy día no tiene una consagración legal. Hoy día en Chile no
    hay ninguna normativa que hable sobre el denominado mes de garantía, la única
    norma existente, pero que dejó de estar vigente en 1987, era una norma supletoria de
    la ley 18.101, que mencionaba que el mes de garantía se iba pagar en dinero en
    efectivo, al contado, del que se iba a hacer devolución reajustado en la misma variación
    que haya tenido el IPC.
    Pero se establecía una prohibición con la cual no concordaba, y era que solamente se
    podía pedir un mes de renta como mes de garantía, y no concordaba porque en la

1 Disponible en https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=123146&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION.
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práctica, por ejemplo, se arrienda un departamento en $300.000, se deja una garantía
de $300.000 pesos y el arrendatario no paga dos, tres, cuatro meses, y ahí ya se tiene
$1.200.000 de deuda, más los servicios básicos que se podrían adeudar, gastos
comunes, etc. Y a veces, porque este contrato muchas veces se complejiza por un
tema personal, los daños que se causan en la propiedad muchas veces pueden ser
mayores a este mes de garantía. En ese sentido, aconsejó no establecer un máximo en
cuanto al monto del mes de garantía.
Adentrándose en el tema de los arrendatarios morosos a través de la práctica
profesional, se podía llegar a la conclusión de que existen dos clases de arrendatarios
morosos, o dos clases de arrendatarios que tienen problemas. En primer lugar, estaban
aquellas personas que han entrado en cesación de pagos producto de algún problema
personal, han sido despedidos, han entrado a una quiebra mercantil, han tenido un
difícil divorcio, han tenido un accidente laboral que le impide cumplir con esta
obligación. Bajo esa perspectiva, esa es una persona que desea pagar, pero que no
puede pagar.
La segunda clase de arrendatario lo dominan el gurú de la morosidad…
Mostró una imagen del personaje ‘Don Ramón’, del programa ‘El Chavo del 8’.
El diputado Chahin (presidente) señaló que no se pretenderá legislar contra Don
Ramón…
Salvador Makluf, señaló que en ningún caso, pero esa fotografía que todos
reconocían y que hacía un poco más lúdica la presentación plantea que hay personas
que arriendan una propiedad, pagan el mes de garantía, pagan el mes de arriendo y
posteriormente no pagan nunca más, estiran el elástico como Don Ramón con el Señor
Barriga lo más que podían.
Lamentablemente, hoy día en Chile era una realidad las personas que van de un
inmueble a otro inmueble en orden a perjudicar a los propietarios, y habida
consideración de que el sistema judicial y la legislación sobre el particular no era tan
rápido como uno quisiera, ocupan este sistema para vivir un año en una propiedad.
Posteriormente, ante el lanzamiento desocupan la propiedad y con posterioridad
arriendan otra propiedad, y así sucesivamente.
En cuanto a las normas que regulan el contrato de arrendamiento, la relación entre las
partes, en primer término estaban en el contrato de arrendamiento, porque aquí jugaba
un principio fundamental, el de la autonomía de la voluntad, que puede prevalecer. En
segundo término rige la ley de arrendamiento de predios urbanos, ley 18.101
modificada el 11 de abril del año 2003, y posteriormente las normas supletorias del
Código Civil y, en último término, la costumbre.
En materias procesales, el juicio de arrendamiento era un juicio especial, breve y
concentrado. Especial, porque hay una normativa procesal particular que es esta ley de
arrendamiento, que además es supletoria del Código Civil, y el Código de
Procedimiento Civil.
Como en todo juicio declarativo, hay una etapa de discusión en donde las partes
presentan un escrito de demanda y la demandada contesta. Posteriormente viene una
etapa de prueba, en donde las pretensiones tienen que ser acreditadas por las partes,
y luego una etapa de ejecución, donde los tribunales de justicia deben hacer cumplir lo
que se ordena en esa sentencia. Así, presentada la demanda se solicita que un
ministro de fe, generalmente a un receptor judicial, notifique personal o
subsidiariamente la demanda y hay una audiencia al quinto día hábil a la hora que
determine el tribunal. Luego está la contestación de la demanda en el caso de que
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comparezca el arrendatario a la audiencia de conciliación obligatoria, oportunidad en
que el tribunal, se supone, debe instar a las partes a que lleguen a un acuerdo.
Posteriormente se debe rendir una prueba. En ese sentido, en esta clase de juicio no
existe un término probatorio sino que hay una audiencia de pruebas, y podía ocurrir
que el arrendatario que puede sentir que sus derechos han sido vulnerados, demande
a su vez al arrendador, al propietario, a través de lo que se denomina una demanda
reconvencional, ante lo cual la parte puede contestar verbalmente en la misma
audiencia o, en su defecto, se fija otra audiencia dentro del quinto día hábil para tal
efecto. En materia de prueba se pueden solicitar pruebas que son de larga ejecución,
como por ejemplo la solicitud de oficios o el informe de peritos.
Posteriormente se debe citar a las partes y sentencia el tribunal, el que puede o no
dictar una medida para mejor resolver. Se dicta la sentencia, se notificar la sentencia,
posteriormente se debe intimar, esto es que un receptor judicial tiene que señalarle al
arrendatario que debe desalojar la propiedad o en su defecto será desalojado por la
fuerza pública, luego viene el lanzamiento y el lanzamiento con fuerza pública.
Dentro del procedimiento civil se subentiende que esta clase especial de procedimiento
es el más concentrado y el más breve, pero aun así los actos son bastante complejos y
tienen su tiempo de ejecución.
En cuanto a problemas que presenta la etapa de discusión, hay un vacío legal sobre el
tema de los subarrendamientos, por cuanto al notificar el receptor judicial tiene la
obligación legal de juramentar al arrendatario, de preguntar si tiene subarrendatarios. Si
contesta afirmativamente se tiene que notificar la demanda a él o los subarrendatarios.
Pero en el caso que no se pueda notificar a él personalmente, porque no lo encontró, el
receptor va a dejar las copias en el domicilio, se va a producir la audiencia dentro del
quinto día, pero si no llega el arrendatario el tribunal tampoco puede juramentar al
arrendatario sobre si hay o no subarrendatarios, y el juicio sigue adelante, hay
sentencia, hay notificación, hay cumplimiento incidental de la sentencia en su caso, hay
intimación, hay lanzamiento y en el momento exacto antes de que se provoque el
lanzamiento con fuerza pública, el arrendatario o al subarrendatario presenta una
petición al tribunal en donde solicita que todo lo que se ha realizado en el proceso se
anule por falta de notificación o emplazamiento.
Hoy la ley de arrendamientos de predios urbanos no señala nada sobre este caso en
particular, por lo tanto sería prudente una indicación al proyecto en donde se señalare
que se entenderá notificado él o los subarrendatarios, o cualquiera de ellos,
notificándosele al arrendatario. Era una fórmula que se podría debatir, pero la idea es
que esto no suceda, porque la Corte Suprema ha corroborado sentencias en donde se
ha anulado todo en recurso de casación, ante lo cual esto es necesario y es muy
importante que se pueda regular y que se pueda normar.
En la etapa de prueba, la confesión de parte o absolución de posiciones, en el caso de
que la persona no comparezca a la primera audiencia se tiene que realizar otra citación
para que el demandado vuelva a comparecer y solo en esa segunda audiencia se le
tendrá confeso de todas las preguntas realizadas de una manera determinada.
El proyecto lo que quiere es concentrar aquello y determinar que solamente con una
citación para obligarlo asistir se entenderá por confeso. De la jurisprudencia que
conocía, solo los tribunales civiles de San Miguel que aceptan la tesis de que basta
citar al arrendatario en una oportunidad. Acá la idea es concentrar esta prueba para no
dilatar el procedimiento, para concentrarlo, y por ello el proyecto de ley señala que el
pliego para la absolución de posiciones deberá presentarse conjuntamente con la
presentación de la demanda y su contestación, y de esta forma se puede llevar a la
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práctica esta concentración en el caso de la confesión de parte, agregándose al artículo
8 N°6 de la ley 18.101 lo pertinente.
Un segundo problema en la etapa de prueba dice relación a que hay pruebas de lato
conocimiento o de larga ejecución. Si lo que el legislador de esta norma en su
oportunidad quiso fue concentrar, esto es que la mayor cantidad de actos procesales
se desarrollaran de una sola vez, el caso del artículo 1943 relativo a la disputa acerca
del precio o renta por una o por otra parte y no hubiera ningún tipo de prueba, se estará
al justiprecio de peritos, ese artículo no se condice con ese propósito de concentración.
Por ello, propuso derogarla porque hay situaciones en donde hay una disputa en el
precio entre $400.000 y $600.000 y el interesado solicita al tribunal que como hay
discrepancia en el precio o en la renta hay que nombrar un perito y realizar toda la
tramitación procesal para ese efecto, es decir, pedirle al tribunal nombramiento de
peritos, que decrete esa resolución, notificar a las partes a para que dentro de quinto
día las partes vayan a esa audiencia de designación y si no están de acuerdo las
partes, el tribunal queda en resolver. Luego hay que notificar al perito, el perito tiene
que aceptar el cargo y si no acepta el cargo todo este procedimiento tiene que volver a
realizarse, etc.
Por ello, propuso tal derogación para evitar este tipo de situaciones, y además,
atendido que ya hay una presunción fruto de la modificación pasada, en que si no hay
acuerdo entre las partes se presumirá de modo simplemente legal que la renta es la
que señale el arrendatario.
En cuanto a problemas en la etapa de dictación de la sentencia, la ley de
arrendamiento no contiene una norma que señale el plazo para dictar sentencia. Ello es
importante, porque nuestra legislación orgánica procesal establece una sanción para
los magistrados una vez que pase o se cumpla el tiempo para dictar sentencia. El
‘cítese a las partes de oír sentencia’ marca el término o el inicio de la etapa de
sentencia, y de ahí los tribunales han entendido, por un instructivo de la Corte
Suprema, no por la ley sino por un instructivo de la Corte Suprema, que el plazo para
dictar sentencia en estos juicios es de 10 días desde que se cita a las partes a oír
sentencia.
Ahora el tema es que los tribunales en muchas ocasiones no dictan el ‘cítese a las
partes a oír sentencia’ porque si no lo dictan no les corre plazo, y si no les corre plazo
no pueden ser objeto de algún tipo de sanción. Por lo tanto, lo que generalmente dictan
es una resolución genérica que se llama ‘autos’, y el litigante debe insistir que por favor
el tribunal cite a las partes a oír sentencia, porque la ley de arrendamiento dice que una
vez concluida la recepción de la prueba, el tribunal deberá citar a las partes a oír
sentencia, pero una parte de nuestra judicatura no cumple con este mandato legal, por
lo que vale el especificarlo, cuestión que se propone como modificación al artículo 8
N°7, disponiendo un plazo de 10 días.
A su vez, cabía recordar el artículo 431, pues se podría plantear que se crea una
indefensión de algunas de las partes, en cuanto no será motivo para suspender el
curso del juicio ni será obstáculo para la dictación del fallo el hecho de no haberse
devuelto la prueba rendida fuera del tribunal o el de no haberse practicado alguna otra
diligencia de prueba, a menos que el tribunal por resolución fundada la estime
estrictamente necesaria para la resolución de la causa.
Entonces, si en los hechos hay pendiente de realización alguna prueba, como por
ejemplo un peritaje, el tribunal aun así podrá dictar esta resolución, avanzando en el
proceso mientras que en paralelo se pueda obtener esta prueba y en el caso que se
realice y que llegue al tribunal, se considerará tanto en primera instancia, y si la
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sentencia ya se dictó, se podrá tener a la vista en segunda instancia en el caso que
haya una apelación.
El diputado Chahin (presidente) hizo presente que quedaban diez minutos para el fin
del tiempo de fácil despacho.
Salvador Makluf señaló que para terminar, hoy día se puede suspender el
lanzamiento, esto es, después de todo lo que han visto, se puede solicitar que se
suspenda el lanzamiento. En la reforma del año 2003 se presentó una indicación por el
entonces diputado Eugenio Tuma, hoy día senador, para que el lanzamiento solamente
se pudiera suspender si es que el arrendatario se encontraba al día en el pago de la
renta.
Si hoy día una persona debe 12 meses, 24 meses, tres años de renta, puede presentar
una suspensión de lanzamiento y eso lo estimó injusto, por lo que debería eliminarse,
porque ese incidente de suspensión demora de uno a tres meses.
En tal sentido, propuso que la sentencia decrete un día en particular para la entrega del
inmueble. Generalmente la sentencia dice que en el plazo de diez días de notificado se
deberá entregar el inmueble, pero gana en precisión disponer que el día 20 de febrero
se deberá entregar la propiedad ubicada en tal lugar, y que esa fecha sea un plazo
razonable desde la dictación de la sentencia, que también se puede objetivar.
Además, para el caso de que la persona no entregue la propiedad, se pueda proceder
directamente al lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, porque la cantidad de
trámites que tiene que hacer post sentencia la persona a la cual no le han pagado la
renta, que le deben consumos de servicios básicos, gastos comunes, y que además
debe pagar al receptor para que notifique, el solo lanzamiento cuesta entre $300.000 a
$700.000 más la otras costas procesales, se puede llegar al millón de pesos, más los
honorarios del abogado, etc.
Por eso solamente se judicializa uno de cada cuatro casos, por los costos de estos
juicios. Entonces, la voluntad del legislador debiera ser concentrar estos actos e
imposibilitar que esto suceda, y para ello se gana al establecer una fecha cierta, y junto
a ello, decretar derechamente el lanzamiento con fuerza pública y que se elimine la
posibilidad de pedir la suspensión del lanzamiento o, en su defecto, que se pueda
suspender sólo cuando la persona haya pagado todo lo adeudado.
En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, esta no se aplica a los bienes fiscales que
tienen un estatuto propio, sin perjuicio que podrá ser un debate para la posteridad, pero
también se excluyen los estacionamientos. Hacía poco se vio en el Congreso Nacional
el tema de los estacionamientos, y aquí la norma debiera distinguir entre los
estacionamientos ubicados en centros y locales comerciales, drugstore,
supermercados, de los estacionamientos que se arriendan en condominio, lo que
constituye una práctica habitual.
El estacionamiento que se arrienda dentro del condominio no se rige por esta ley, y la
pregunta que se hacía era por qué no se rige por este estatuto. Por ello, sugirió que se
elimine esa exclusión, o se distinga que los arriendos de estacionamientos comerciales
no entran en la ley, sino que entran en la ley de protección de los derechos de los
consumidores, y que los estacionamientos de condominio si se rijan por esta ley.
Recordó que en la modificación del año 2003 se debatió la posibilidad de crear un tipo
penal, tipo penal que era una especie de defraudación. En este momento, la persona
que tiene una deuda, que ha sido objeto de una medida precautoria o un derecho legal
de retención, y sustrae esos bienes, sin perjuicio de otro delito que se llama el
depositario alzado, el que se establezca un tipo penal de una especie de defraudación
dentro de un tipo genérico de defraudación, porque la persona lo que hace es
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sustraerse en el cumplimiento de sus obligaciones con algo que está precautoriado o
embargado o preembargado, a objeto de un derecho de retención. Ya eso se discutió
en su oportunidad, pero no ahondaría mayormente en el tema, lo dejaría sobre la mesa
para el debate.
En cuanto al derecho legal de retención, se pueda solicitar a cualquier funcionario de
carabineros su auxilio, pero lo que pasaba en la práctica es que quien es objeto de
juicio, en la noche subrepticiamente se va del inmueble con el objeto de no pagar nada,
toma sus cosas, contrata una camioneta, un camión para llevárselas, y la ley permite al
arrendador solicitarle al funcionario de Carabineros de Chile su auxilio para que la
persona reingrese los bienes al interior de la propiedad hasta que exista una resolución
judicial, o se le muestre al funcionario de carabineros que efectivamente hay una
retención decretada.
Pero era fácil comprender que el plazo de 48 horas era insuficiente dada la naturaleza
de los tiempos que hoy día se ocupan en la justicia. Por ello, sugirió aumentar tal plazo
a 15 días corridos.
Por último, a modo de una declaración, los poderes del Estado han creado la
posibilidad de aumentar las cargas impositivas de las personas que invierten
específicamente en bienes raíces. La persona que paga un pie tributó antes de obtener
ese dinero, y al momento de comprar con un crédito hipotecario paga los impuestos
respectivos, y si recibe rentas paga los impuestos respectivos. Si después vende, hay
otras cargas tributarias asociadas, si compra una propiedad nueva y está dentro del
hecho gravado deberá pagar IVA, cuando la persona muere también deberá pagar el
impuesto a la herencia.
Por lo tanto, lo único que se solicita acá es que en el caso que el Estado establezca
más carga, en este caso a los propietarios, también establezca un procedimiento
eficiente y eficaz para poder resguardar esos derechos.
El diputado Andrade señaló tener un enfoque distinto de este problema, y si lo
apuraban no estaría por legislar en las condiciones que se está planteando. El vínculo
de arrendamiento tiene un basamento ético básico, y es que en general las
disposiciones debieran tender a resguardar a quien es el más débil de la relación
contractual. Si esa figura se construye históricamente, se ha entendido que el más débil
es el arrendatario.
La figura que se mostró, del Señor Barriga y Don Ramón era quizás el ejemplo más
elocuente de lo que acababa de decir. Se podría reemplazar a Don Ramón por un
migrante hoy día, por ejemplo, y haría más elocuente aún la descripción que estaba
haciendo.
Por ello le preocupaba que el enfoque sea sobre la base de una puntualización básica,
de un fundamento básico que tiene la presentación que se hizo, muy legítima por
supuesto, y era que pareciera ser que el débil hoy día era el arrendador, y en
consecuencia, como el débil hoy día era el arrendador, el conjunto de normas que se
estaban planteando apuntaban a reestablecer no sólo un equilibrio, sino que poner al
débil en condición de equilibrio o de supremacía en la relación. Y si ese era el enfoque,
estimó que estaban profundamente equivocados.
Podían votar en general, pues creía que nunca debían negarse a la posibilidad de
legislar respecto a estas cosas, por lo que no tenía inconveniente en votar en general.
Pero quería dejar planteado un punto de vista que le parecía central.
La diputada Nogueira planteó al diputado Andrade, pues no sabía si a él le pasó en su
distrito, pero a ella la mayor cantidad de gente que fue a hablarle fue producto de
problemas con arriendos, y esto era una necesidad. Felicitó al diputado Tuma por esta
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iniciativa, recordó que integraba la Comisión de Vivienda y han venido muchísimas
personas a decir precisamente que el drama es que comenzó a arrendar y nunca más
pudieron sacar al arrendatario, nunca más, no había cómo sacarlos, y el drama era
precisamente no tener ningún tipo de herramienta para poder evitar eso,
independientemente que puedan haber abuso en el otro lado, pero hoy día el rival más
débil en esta relación era el arrendador, no el arrendatario.
Ese era su parecer de acuerdo a la experiencia que yo ha escuchado de vecinos de
Recoleta, Independencia, Conchalí, o Lo Prado.
El diputado Soto señaló que lo que estaba tratándose en este proyecto de ley no tenía
que ver con la cantidad de derechos que tiene el arrendador o el arrendatario, eso no
se modifica, nada relativo a lo que era la regulación que tienen los contratos de
arrendamiento y los derechos que tiene cada uno, sino lo que se intentaba resolver,
aparentemente, era un problema de los juicios de arrendamiento, es decir, cómo se
ejercen los derechos.
Había una sensación, o la tesis que había aquí detrás, era que los juicios tienen una
demora excesiva, mucho más allá de la definición que tiene la ley, que es muy simple,
demanda, contestación en la audiencia, después falló, prácticamente eso no ocurre en
la práctica. Él también creía que eso no ocurría, y eso sin duda perjudicaba a los que
quieren una respuesta eficaz de la justicia para resolver conflictos de arrendamiento.
Estimó que por lo menos no se tocaban esos derechos, sino la manera en que se
ejercen. La pretensión que tenía el legislador, que hizo una modificación muy grande,
hoy día no se estaba cumpliendo, y los juicios demoran excesivamente y, a veces,
muchas personas que tienen modestamente un pequeño departamento, se ven
obligados a veces, a años para esperar su devolución. Por ello, estimó que se podía
hacer un aporte, por lo que se inclinaba a votar favorablemente la idea de legislar.
El diputado Tuma señaló querer ser la voz de las 45.000 familias que no estaban en
juicios hoy día. Hoy solo estaban en juicio 15.000, y esos 45.000 eran los más débiles,
viudas que murió su marido, que no tienen plata porque no tienen trabajo, no tienen
para pagar las contribuciones, se van de allegados donde una hija para poder solventar
el costo de seguir pagando la casa familiar, etc.
Había mucha gente que no tiene la capacidad de irse a juicio y evidentemente también
tenían muchos lugares en Chile en que ni siquiera existen tribunales, no en todos los
lugares existen tribunales.
Se sumó a las palabras previas en cuanto a que este no era un tema de derechos, ni
del más débil, porque aquí también estaban los sinvergüenzas que uno no sabía si
eran los más débiles, el arrendador o él que naturalmente se aprovechaba de una
situación.
Le complacía que al menos el proyecto sea votado en general, para que quienes sigan
tramitando este proyecto, vean todas las circunstancias, inclusive lo que el diputado
Andrade planteó, de tal manera que se pueda sacar una buena ley, agilizar el
procedimiento y por supuesto constreñir a la justicia para que se atenga a plazos no
indefinidos como hoy día, sino que se tenga certeza de que va a producirse una
solución en breve plazo.
Sometido a votación general, se aprobó (6-1-0) con el voto favorable de las diputadas
Nogueira y Turres y de los diputados Chahin, Rincón, Soto y Trisotti; y en contra del
diputado Andrade.
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  1. Boletín 11.176-07
    Antecedentes: s. 255ª, 257ª, 272ª,275ª, 278ª, 287ª, 288ª, 303ª, 307ª, 308ª, 309ª y 310ª.
    Tramitación: https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11691&prmBoletin=11176-07
    Comparado: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=122046&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
    Proyecto de ley
    Párrafo 3°. Funciones y Organización
    Artículo 8.- Funciones del Servicio. Corresponderán al Servicio (*) las siguientes
    funciones:
    a) Diseñar y ejecutar los programas de protección especializada dirigidos a la
    restitución y reparación de los derechos de niños y niñas. La ejecución de dichos
    programas podrá realizarse directamente o a través de terceros.
    b) Dictar normas de carácter general basándose en los estándares establecidos por la
    Subsecretaría de la Niñez.
    c) Acreditar a las entidades, prestadores y programas de protección especializada, de
    conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5;
    d) Supervisar técnica, administrativa y financieramente la labor que ejecutan las
    entidades y prestadores acreditados conforme a los estándares que dicte la
    Subsecretaría de la Niñez y a las normas de carácter general señaladas en la letra b).
    El Servicio estará facultado para solicitar información a las entidades y prestadores
    acreditados, quienes estarán obligados a entregarla.
    e) Realizar estudios, análisis y propuestas para el cumplimiento de su objeto y evaluar
    periódicamente los programas que ejecute directamente o a través de terceros,
    especialmente aquellos referidos a cuidados alternativos de tipo residencial o familiar,
    conforme a los estándares que dicte la Subsecretaría de la Niñez y a las normas de
    carácter general señaladas en la letra b).
    f) Mantener y administrar un registro actualizado de información de los antecedentes
    relativos a las prestaciones de protección especializada que reciban niños y niñas. En el
    ejercicio de esta función deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13.
    g) Entregar, oportuna y periódicamente, información suficiente al órgano competente
    sobre la oferta programática existente en el territorio. Adicionalmente, entregará
    antecedentes para la revisión de las medidas de protección, a requerimiento del órgano
    competente.
    Asimismo, los órganos competentes comunicarán al Servicio la adopción de una
    medida de protección y sus antecedentes fundantes.
    Para la remisión y recepción de la información se privilegiará el sistema de transmisión
    electrónica de datos, a través de interconexión, que permita su traspaso automático,
    periódico y masivo.
    h) Colaborar y requerir información a los órganos del Estado en el marco de sus
    competencias, y
    i) Arbitrar procedimientos idóneos para recabar la opinión de los niños y niñas que sean
    sujetos de una medida de protección.
    j) Informar al órgano competente cualquier cambio de circunstancias que hiciera
    recomendable la revisión de la medida decretada, y una vez cumplidas, su resultado.
    k) Ejercer todas las demás funciones que la ley le encomiende.
    10
    Indicaciones
    Indicaciones 21 a 43, despachadas en sesiones anteriores.
  2. Nogueira. Para incorporar una nueva letra al inciso primero del artículo 8 actual en
    los siguientes términos:
    “…) Velar por el cumplimiento e implementación de la ley N° 19.620 y las demás
    disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la adopción de niños”.
  3. Nogueira. Para agregar una nueva letra al inciso primero del artículo 8 actual del
    siguiente tenor:
    “…) “Diseñar y ejecutar la oferta programática para la promoción de los derechos de los
    niños vulnerados y a la prevención de nuevas vulneraciones de los mismos”.
  4. Nogueira. Para incorporar una nueva letra en el inciso primero del artículo 8 actual
    en el siguiente tenor:
    “…) Intercambiar información técnica con otros organismos y oficinas nacionales o
    internacionales que desarrollen actividades relacionadas con las funciones del
    Servicio”.
  5. Nogueira. Para introducir una nueva letra en el inciso primero del artículo 8 actual
    del siguiente modo:
    “…) Prestar asesoría jurídica y representar judicialmente a los niños y niñas sujetos de
    protección especializada.”
    Indicaciones 44 a 47
    La diputada Nogueira señaló que si bien podría, a lo mejor, la Secretaría pensar que
    pudiera ser inadmisible, quiso explicar por qué no era inadmisible. En primer lugar,
    porque el término velar en materias de adopción ya estaba en el objeto. Si se analizaba
    el artículo 2 dice ‘atender a los niños’, y ello, unido al artículo 8 letra a), que incluye el
    desarrollo de la línea de adopción y familias de acogida, daba en cuenta que todo lo
    referente a adopción ya estaba incluido en el objeto y las funciones. Por lo tanto, aquí lo
    que se estaba haciendo era profundizar una función que estimaba que estaba
    desdibujada, que era poco profunda.
    A mayor abundamiento, señaló que la autoridad rectora en materia de adopción
    internacional era el Servicio Nacional de Menores, bajo el Convenio de la Haya, por lo
    que le parecía tremendamente preocupante que no apareciera aquí dibujada esta
    función de velar, que podía llevar efectivamente a establecerse como una función, pero
    en este caso, particularmente, creía que al estar en el objeto y en las funciones no era
    nuevo, no era agregar una nueva función.
    Si se leía el proyecto, de la sola lectura el proyecto no se desprendía en ninguna parte
    que el Servicio tuviera que velar por el cumplimiento de la ley 19.620. Las disposiciones
    relacionadas a la adopción, si bien se refiere a la adopción, lo hacía de una manera
    muy difusa, y por ello creía que era tremendamente importante la indicación, porque si
    no, se diluye y desaparece la adopción, cuestión de suyo importante.
    El diputado Soto (presidente accidental) señaló que esto claramente tenía un sesgo
    de inadmisibilidad. Se estaba hablando del catálogo de funciones que va a tener este
    servicio especializado, y se estaba agregando un numeral referido a una nueva función,
    quisiera dársele el carácter que se quisiera, pero una nueva función. El verbo rector que
    se usa es velar, que significa o supone un cuidado especial, velar es un cuidado
    especial respecto de una materia, que ahora pasa a ser de cargo de este Servicio, y
    que no era nada menos que la totalidad del cumplimiento y la implementación de la ley
    11
    de adopción y todas las disposiciones reglamentarias. Por ello, le parecía que sin duda
    era una nueva función que excede los márgenes de la iniciativa de los parlamentarios.
    El Secretario señaló que por estar dentro del capítulo correspondiente a las funciones
    del servicio, sería inadmisible.
    El diputado Soto (presidente accidental) las declaró inadmisibles.
    La diputada Nogueira señaló que más importante que declararla o no inadmisible,
    cuestión que era atribución de la Mesa, quería que el ejecutivo se pronunciará sobre
    esta indicación, porque si bien no tenían iniciativa los parlamentarios, el ejecutivo tenía
    mucho que decir con respecto a cómo velar por el cumplimiento y la implementación de
    la ley 19.620 a la luz del Convenio de la Haya, que establece precisamente como
    autoridad rectora en materia de adopción internacional al Servicio, y eso no estaba
    reflejado en esta ley.
    El diputado Soto (presidente accidental) consultó al ejecutivo si la próxima semana
    podían traer una opinión sobre las funciones que se estaban planteando.
    El diputado Rincón discrepó de la mesa y solicitó votar la inadmisibilidad.
    Sometida a votación la declaración de inadmisibilidad, fue rechazada (2-3-0) con el voto
    favorable de los diputados Gutiérrez y Soto, y en contra de la diputada Nogueira y de
    los diputados Rincón y Trisotti.
    Luis Díaz, jefe de la División de Políticas Sociales, señaló que la posición del
    ministerio de Desarrollo Social era que, efectivamente, las cuatro indicaciones eran
    inadmisibles, en particular la indicación N°44 en aquello que ya está incorporado en el
    literal a) del mismo artículo, por lo que sería redundante, y lo que iba más allá de lo
    incorporado en el literal a) sería inadmisible, porque sería ampliar funciones.
    Respecto de la indicación N°45 nosotros, estimó que era cambiar el objeto del servicio,
    estaba planteada en términos mucho más amplios de lo que estaba presentado en el
    objeto. En cuanto a la indicación N°46, claramente era una ampliación de funciones, no
    estaba establecido por el ejecutivo el intercambiar información con otros organismos.
    Respecto a la N°47, sobre prestar asesoría jurídica, la mirada desde el ejecutivo era
    que esa asesoría jurídica se tenía que prestar por un ente externo al servicio mismo,
    puesto que efectivamente la materia que pudiera requerir asesoría jurídica podría
    involucrar al mismo centro o servicio en la que está internado el niño. Por lo tanto, no
    era bueno que la asesoría jurídica la prestara el que estaba involucrado.
    La diputada Nogueira señaló que después de escuchar al ejecutivo, quería llamarlos a
    una reflexión, pues no era posible que hoy día la primera barrera territorial que tenían
    para determinar la vulneración de un niño eran las oficinas de protección de derechos.
    Había 323 oficinas de protección de derechos (OPD), pero eso no estaba contenido
    aquí. De lo que planteó el ejecutivo, no entendía por qué dice que cambia el objeto si
    aquí lo que estaba haciendo precisamente era prevenir las nuevas vulneraciones dónde
    exactamente se pueden prevenir las vulneraciones, y así se evitaban las posteriores
    reparaciones, y la manera de hacerlo era fortaleciendo las OPD.
    En segundo lugar, la información técnica con otros organismos nacionales e
    internacionales era mínimo, llamaba al ejecutivo que pudiera incorporarlo y a
    presentarles, a lo mejor, una nueva indicación sobre ello.
    Consultó al ejecutivo, a la luz de la mirada sobre entregarle a un organismo externo la
    representación judicial de los niños, qué iban a hacer, pues hoy día se han negado los
    programas de Representación Judicial, hoy 3.000 niños estaban en ese programa, por
    lo que era necesario conocer la mirada del ejecutivo, si acaso era no tener
    representación judicial y que iban a hacer con esos niños, si acaso los dejarían en la
    12
    indefensión hasta que salga la ley. Era un acto de profunda irresponsabilidad y solicitó
    que, por favor, propusieran algo.
    Sometidas a votación las indicaciones 44, 45, 46 y 47 fueron aprobadas (4-2-0) con el
    voto afirmativo de la diputada Nogueira y de los diputados Monckeberg, Rincón y
    Trisotti; y en contra de los diputados Gutiérrez y Soto.

  1. De la diputada Nogueira. Para insertar un nuevo artículo 9 reordenándose los
    demás artículos en el modo correspondiente:
    “Artículo 9.- Perspectiva de Derechos. Mediante éste, todos los niños y niñas, sin
    distinción alguna, son titulares de derechos, gozando además de una protección
    adicional, en consideración a su particular etapa de crecimiento y formación, para
    alcanzar el pleno desarrollo de sus capacidades y el total respeto de sus derechos.”.
    Fue retirada por su autora.

Artículo 9.- Organización del Servicio. La administración y dirección superior del
Servicio estará a cargo de un Director Nacional, quien será el Jefe Superior del Servicio
y tendrá su representación legal.
El Servicio contará con direcciones regionales.
Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social determinará la estructura
interna del Servicio, de conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 1
de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, con sujeción a la planta y dotación máxima
de personal. Para estos efectos deberán considerarse, a lo menos, una Subdirección de
Prestaciones y unidades de Desarrollo Institucional y Administración y Finanzas.
Indicaciones

  1. Del Ejecutivo. Para sustituir en su inciso final la frase “Para estos efectos deberán
    considerarse, a lo menos, una Subdirección de Prestaciones y unidades de Desarrollo
    Institucional y Administración y Finanzas” por la frase “Para estos efectos deberán
    considerarse divisiones o departamentos, que desarrollarán tareas de servicios y
    prestaciones; supervisión y evaluación, y administración y finanzas”.
    Luis Díaz jefe de la División de Políticas Sociales, señaló que este fue un artículo
    que se trabajó con una mesa que representaba a la bancada de diputados y les pareció
    que efectivamente recogía de mejor forma lo que pudiera ser la estructura
    organizacional del servicio. Por eso se presentó esta indicación sustitutiva de la original.
    El diputado Soto (presidente accidental) consultó si este reglamento tenía plazo en
    algún artículo transitorio para su dictación.
    El diputado Rincón complementó la pregunta sobre si no había norma transitoria que
    regule el tema de la potestad reglamentaria y, dado que esto dice relación con la
    retención del servicio, cuál era el modelamiento. Si se observaba, esta era una norma
    muy genérica, era casi un cheque en blanco sobre organización del servicio, que la
    administración y dirección del servicio estará a cargo de un director, que se contará con
    direcciones regionales y se acabó.
    Si estaban creando una institución y más encima tenía esta redacción, su voto sería
    abstención, pues no podía ser que se estuviera creando un servicio, que se esté
    otorgando potestad reglamentaria y que no haya ningún modelamiento sobre la mesa, y
    13
    retiraba lo dicho si el ejecutivo lo tuviere. Lo mínimo era que el servicio tuviera algún
    modelamiento, de lo contrario, en que estaban pensando para poner esta propuesta
    sobre la mesa.
    La Secretaría de la Comisión observó que la indicación N°49 del ejecutivo plantea que
    ‘para estos efectos deberán considerarse divisiones o departamentos que desarrollarán
    diversas prestaciones’, y esa redacción transforma este artículo en orgánico
    constitucional. En tal sentido, consultó si eso así fue deseado.
    La diputada Nogueira consultó por qué se elimina la subdirección. Hoy día el Instituto
    Nacional de la Juventud tiene subdirección, el Servicio Nacional de la Mujer tiene
    subdirección, era un cargo que requiere apoyo, y veía que aquí el director estaba muy
    solo en una tarea que era tan compleja, y que requería un mayor apoyo. Por ello,
    solicitó precisar el por qué se elimina, cuál era la mirada.
    Luis Díaz, jefe de la División de Políticas Sociales, señaló que el tema de la
    estructura del servicio y, por lo tanto, su modelamiento, fue algo que se presentó con
    anterioridad en la Comisión y lo podían volver a compartir. Estimó que no debía estar
    con ese nivel de detalle planteado en el proyecto de ley, pero que efectivamente había
    un modelo propuesto detrás, que había sido en algún momento compartido y no sabía
    si lo podían volver a compartir, en eso no había ninguna dificultad.
    Sobre por qué se eliminaba la subdirección, eso tenía que ver con el lineamiento
    general de la ley de base que crea el Servicio, que hoy día no contemplaba una
    subdirección, pero no era una cosa particularmente extraña o diferente, porque en
    general los servicios hoy día se crean sin una subdirección. Eso era coherente con lo
    que se presentó respecto al modelamiento de la estructura del Servicio, más bien la
    estructura hoy día baja a divisiones y departamentos, en la misma lógica fue que
    efectivamente se reemplazó la redacción anterior que hablaba de subdirección y
    unidades, que no es lo que se usa, y se habla de subdirecciones y departamentos y que
    fue lo que se trabajó en la mesa, y que dio origen a esta indicación sustitutiva que
    propuso el ejecutivo.
    El diputado Soto (presidente accidental) reiteró consulta respecto al plazo de
    dictación del reglamento, si tenían alguna norma, sugerencia o si no tenían nada.
    Luis Díaz, Jefe de la División de Políticas Sociales, señaló que en ese punto en
    particular lo revisarían, pero no tenían establecido un plazo. De todas formas, era algo
    que debiera estar en un artículo transitorio, por lo que podían volver a verlo cuando
    llegaran a ese momento.
    La diputada Nogueira consultó cómo se dibujaría ese modelamiento, porque la verdad
    no había visto la estructura orgánica.
    El diputado Soto (presidente accidental) solicitó al ejecutivo que previo a la siguiente
    sesión enviara al correo de la Secretaría de la Comisión el modelamiento, organigrama
    que tiene este servicio, para objeto de entregárselos a los colegas, y también que
    prepararan una indicación que corrija la omisión de no tener un plazo para la dictación
    de reglamentos.
    Sometidos a votación el artículo y la indicación N°49, fueron aprobados (5-0-1) con el
    voto afirmativo de la diputada Nogueira y de los diputados Gutiérrez, Monckeberg, Soto
    y Trisotti, y la abstención del diputado Rincón.

14
Indicaciones

  1. De la diputada Nogueira. Para incorporar un nuevo artículo 10 reordenándose los
    demás artículos en la forma correspondiente:
    “Artículo 10.- Principio de especialización e integralidad de la atención. El Servicio
    procurará la debida especialización en la ejecución de sus programas, integrando los
    conocimientos de todas las ciencias y disciplinas que intervienen en la protección de los
    niños y niñas, de modo de atender de manera efectiva las diversas necesidades de
    éstos y otorgar soluciones oportunas a la multiplicidad de formas en que pueden verse
    afectados sus derechos.”.
    Fue retirada por su autora.

Artículo 10.- Funciones del Director Nacional. Corresponderán al Director Nacional las
siguientes funciones:
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y administrar el funcionamiento del
Servicio y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de
Jefe Superior del Servicio.
b) Coordinar, controlar y evaluar la gestión que desarrolle el Servicio y las Direcciones
Regionales para el logro de sus fines.
c) Dictar las resoluciones e instrucciones necesarias para el cumplimiento de los
objetivos y el buen funcionamiento del Servicio.
d) Rendir cuenta pública anualmente de conformidad a lo establecido en el artículo 72
de la ley N° 18.575 orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, incorporando una evaluación de las actuaciones del Servicio y de las entidades
y prestadores acreditados, e informando de los que hubieren perdido su acreditación.
e) Representar judicial y extrajudicialmente al Servicio y conferir poder a abogados
habilitados para el ejercicio de la profesión, aun cuando no sean funcionarios del
Servicio, con las facultades de ambos incisos del artículo 7, del Código de
Procedimiento Civil, de conformidad a las normas vigentes.
f) Delegar funciones o atribuciones específicas en funcionarios del Servicio.
g) Las demás que señalen las leyes.
Indicaciones

  1. De la diputada Nogueira. Para incorporar en la letra d) del inciso primero del artículo
    10 actual la siguiente frase luego del punto aparte que pasa a ser punto seguido:
    “Deberá asimismo elaborar un informe anual que detalle la situación de los niños
    vulnerados sujetos a protección y adopción a nivel nacional y regional.”.
    La diputada Nogueira señaló que tanto los parlamentarios como el ejecutivo tendrían
    que compartir esta visión. Si bien no estaba obligado por ley el servicio a tener
    informes, lo ha hecho siempre desde el 2010 al 2015, siempre emitió informes donde
    ilustra en materias propias del servicio, estadísticas, cuántos niños cubre, cuales son la
    falencias, en fin, tal cual como lo hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos
    (INDH), que todos los años emite un informe a fin de ilustrarle a la ciudadanía y a la
    sociedad civil por cierto el cómo se ha ido avanzando en materia de infancia.
    Sin embargo, por primera vez la actual directora del Sename, cuando se le preguntó
    mediante oficio en la comisión mixta del presupuesto cuando se iba a emitir el informe
    con respecto al año 2016, se le preguntó en octubre, señaló que en noviembre lo iba a
    emitir. Todavía no llega el informe, y eso que ya estaban en enero.
    15
    Por todo ello, era tremendamente importante contar, tal cual lo hace el INDH, con un
    informe anual que dé pautas, informe sobre la situación de la infancia vulnerada.
    El diputado Soto (presidente accidental) señaló que en concepto de la Mesa la
    indicación era completamente inadmisible, pero previno que se parecía mucho con la
    letra d), de la atribución del director nacional, en términos de que estaría obligado el
    director nacional a rendir cuenta pública, anualmente, de conformidad a diversas
    normas, incorporando evaluación y una información específica respecto de la totalidad
    del servicio.
    Si se quería algo distinto a esto, tenía que declararlo inadmisible. Si podía insertarse
    dentro de rendición de cuenta pública, se podría combinar algo, pero si no la
    modificaba, estaba obligado a declararla inadmisible.
    La diputada Nogueira señaló que era resorte del ejecutivo decir que podría rendir
    cuenta e informar, pero el informe era distinto, requiere otras herramientas para
    visualizarlo. Entonces, estimó que era importante, a lo mejor al ejecutivo podría
    interesarle, el poder incorporarlo en el rendir cuentas. La rendición de cuentas podía ser
    oral, no tenía por qué ser escrita.
    El diputado Soto (presidente accidental) señaló que tenía la obligación de someter a
    votación las indicaciones más que darle sugerencias al ejecutivo, pero quiso escuchar
    al ejecutivo sobre esto, qué opinaba sobre esto.
    Luis Díaz, jefe de la División de Políticas Sociales, señaló que compartían
    absolutamente el espíritu de la indicación en términos generales, pero
    desafortunadamente también les parecía inadmisible. En todo caso, si la declaraban
    admisible, no les generaba mayor complicación, pues en el fondo, su espíritu, la lógica
    básicamente de generar información, transparencia, no tenían ningún problema de
    fondo con ella.
    El diputado Soto (presidente accidental) sugirió, buscando conciliar ambas normas
    que en la letra d) del artículo 10, agregar el texto de la indicación de la diputada
    Nogueira al final de la letra d), pero acotándolo a las materias que ella contiene, pues
    de esa manera estaría dentro de ese marco, dejando de ser inadmisible. Encomendó a
    la Secretaría redactar tal acuerdo.
    Sometida a votación la indicación N°51 en la manera propuesta por el diputado Soto,
    fue aprobada (5-0-1) con el voto favorable de la diputada Nogueira y de los diputados
    Andrade, Gutiérrez, Soto y Trisotti, y la abstención del diputado Rincón.
    Sometido a votación el resto del artículo, fue aprobado (6-0-0) con el voto afirmativo de
    la diputada Nogueira y de los diputados Andrade, Gutiérrez, Rincón, Soto y Trisotti.

Indicaciones

  1. De la diputada Nogueira. Para agregar un nuevo artículo 11 reordenándose los
    demás artículos en el modo correspondiente:
    “Artículo 11.- Principio de coordinación pública y prioridad. Mediante aquél, el Servicio,
    en el cumplimiento de sus objetivos, propenderá a la unidad de acción estatal,
    efectuando las coordinaciones necesarias para que los servicios públicos competentes
    presten de manera adecuada, prioritaria y oportuna la atención que se requiera para su
    funcionamiento.”.
    Fue retirada por su autora.

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Artículo 11.- Funciones del Director Regional. A los Directores Regionales del Servicio
corresponderán las siguientes funciones:
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y administrar el funcionamiento de la
Dirección Regional. Para ello, podrá dictar las resoluciones e instrucciones que sean
necesarias para su buen funcionamiento, de conformidad a las normas generales
dictadas por el Director Nacional.
b) Coordinar el trabajo del Servicio con las entidades y prestadores acreditados, y los
demás órganos competentes, en el cumplimiento de sus funciones.
c) Supervisar el cumplimiento de los estándares y de las normas de carácter general en
la ejecución de las prestaciones por parte de las entidades y prestadores acreditados
en su región y en aquéllas ejecutados directamente por el Servicio.
d) Tomar, de manera prioritaria, las acciones conducentes a la protección integral de los
derechos de los niños y niñas que se encuentran bajo su cuidado en los centros de
administración directa. Los centros de administración directa dependerán
administrativamente del Director Regional del Servicio.
e) Celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de los
objetivos de la Dirección Regional.
f) Administrar los bienes del Servicio que se encuentren asignados a la Dirección
Regional.
g) Delegar funciones o atribuciones específicas en funcionarios de la Dirección
Regional.
h) Desempeñar las demás funciones y atribuciones que le asignen las leyes y
reglamentos.
Indicaciones

  1. Del Ejecutivo. Para modificar el artículo 11, que ha pasado a ser artículo 8, en el
    siguiente sentido:
    a) Sustitúyese su literal d) por el siguiente:
    “d) Supervisar e impartir instrucciones respecto de la dirección técnica y administrativa
    de los centros de administración directa correspondientes a su región, los que
    dependerán administrativamente del Director Regional.”.
    b) Intercálase el siguiente literal e), nuevo, modificándose la numeración correlativa:
    “e) Tomar las acciones conducentes a la protección integral de los derechos de los
    niños y niñas que se encuentran bajo su cuidado en los centros residenciales de
    administración directa.
    En el caso de los niños y niñas bajo el cuidado de los administrados por entidades
    acreditadas deberá tomar todas las acciones determinadas por la ley, en especial las
    del párrafo 6° de la presente ley.”.
    c) Agrégase en el literal h), que ha pasado a ser i), a continuación de la palabra
    “reglamentos” la palabra “respectivos”.
    La diputada Nogueira señaló que antes de empezar, convendría revisar el literal c),
    sobre supervisar el cumplimiento de los estándares y de las normas de carácter
    general, pues se eliminó en un artículo anterior como función el elaborar normas
    generales. Eso debería tenerse presente acá, para tener concordancia.

17
Las intervenciones quedaron en registro de audio en la Secretaría de la Comisión.
Registro audiovisual de la sesión puede obtenerse en
http://streaming.camara.cl/vd/PROGC013802.mp4. Por haberse cumplido con su objeto,
siendo las 17:00 horas, el Presidente levantó la sesión.
JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Secretario de la Comisión
JPGJ/CAOM/MTGB

Fuente: Cámara de Diputados

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Salvador Makluf

Abogado y Consultor Inmobiliario

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